El gobierno municipal activa los mecanismos para modificar el régimen de ayudas sociales al funcionariado del Concello
El gobierno municipal activa los mecanismos para modificar el régimen de ayudas sociales al funcionariado del Ayuntamiento de Ourense. Así lo anunció esta destreza el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que entiende que las ayudas a los trabajadores municipales son “abusivas e ilegales”, y constituyen una “injusticia” que se debe “erradicar”. Concederlas es un acto reglado, porque están recogidas en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados municipales, aprobado en el año 2012, que es de obligado cumplimiento. Sin embargo, el gobierno municipal dará los pasos que sean necesarios para eliminarlas.
El regidor recuerda que siempre se opuso a estas ayudas, pero indica que no fue posible suprimirlas durante el actual mandato porque el anterior socio de gobierno, el Partido Popular, no estaba de acuerdo. Ahora que gobierna en solitario, activará los mecanismos para eliminarlas.
El gobierno municipal lleva semanas trabajando en este tema. En primer lugar, el alcalde consultó a los servicios jurídicos municipales y estos entienden que el gobierno del Ayuntamiento no puede suprimir de forma unilateral las ayudas ya que están incluidas en el acuerdo regulador. Sin embargo, el alcalde, que considera que en el acuerdo hay cláusulas que son “ilegales”, dirigirá una consulta oficial al Consello Consultivo de Galicia.
Pérez Jácome entiende que “debemos intentar acabar con lo que creemos que es una injusticia”. Entiende que el acuerdo regulador “está lleno de prebendas para buena parte del funcionariado”, que se deberían “erradicar”. Sin embargo, asegura que “no depende exclusivamente de nosotros” ya que, de ser así, “ya estaría acabado desde el primero año. Esperemos que el Consultivo de Galicia nos dé la razón”.
Gonzalo Jácome sostiene que “no tiene sentido dar ayudas sociales a un colectivo que esta bastante bien resguardado del vendaval económico que estamos atravesando en España”, y que las ayudas sociales deben dirigirse a la población que está “más desprotegida”.
Así, siguiendo las recomendaciones de los jurídicos municipales, realizará esta consulta, que el Consello Consultivo tendrá que resolver en un plazo de 3 meses: ”En esta primera fase estamos fiándonos de los jurídicos que nos dicen eso, aunque si encontramos otra vía de ataque, obviamente la usaríamos”.
Pérez Jácome recuerda que el acuerdo regulador «fue aprobado en 2012 por el alcalde que regía entonces», y que la propoesta de supresión de las ayudas ya fue llevada en varias ocasiones a debate político en el Pleno del Ayuntamiento, “y solamente Democracia Orensana quería acabar con ellas ayudas. Todos los partidos siempre se negaron a acabar con estas prebendas”. Afirma que durante la etapa de gobierno en coalición con el Partido Popular, “siempre se mostraron diametralmente en contra de cualquier movimiento que quisiéramos hacer en este sentido. Ahora, una vez que los expulsamos del grupo de gobierno, es cuando pusimos en marcha los mecanismos para hacer esta pregunta y eliminarlo ya, porque al ser injusto había que hacerlo de todas, todas”.